[Publicamos  el artículo sobre desobediencia civil y movimientos sociales que aparece en el número de octubre de El Viejo Topo]

Durante el último festival Lavapiés de Cine uno de los espacios escogidos para las proyecciones de películas llevaba por nombre El Solar. Y no era más que eso: un hueco libre en los números 48 y 50 de la calle Olivar, un terreno vacío que, mientras espera su futuro urbanístico, ha sido tomado por los vecinos y diversos grupos para realizar actividades, dar charlas o, simplemente, colocar unas sillas para ver películas al aire libre. Ha sido okupado, si prefieren esa palabra, con una finalidad social o pública o vecinal. El Solar, que aparece dentro de la lista de centros sociales autogestionados del proyecto www.okupatutambien.net, se ha convertido en un nuevo espacio social para el barrio. Con una diferencia con respecto a otros espacios públicos que han abierto sus puertas en Lavapiés en los últimos años, como el flamante Teatro Valle-Inclán o la ampliación del Museo Reina Social. El CSOA El Solar ha incurrido en una ilegalidad (la usurpación de una propiedad privada) por una finalidad legítima y defendida desde diversas instituciones: la necesidad de espacios públicos, de espacios de relación que favorezcan a los vecinos, mediante fisuras o grietas dentro de la ciudad.
El caso del CSOA El Solar viene a sumarse a diversos proyectos que están siendo impulsados por los movimientos sociales y que coinciden en la misma herramienta o práctica de transformación social: la desobediencia civil no violenta, la ruptura deliberada de ciertas normas legales con el fin de llamar la atención sobre problemas sociales mayores (que dichas normas legales no permiten denunciar). En la rueda de prensa que dio fin a VI Semana de Lucha Social en Madrid, en la primera semana de julio, que aglutinó a diversos colectivos bajo el nombre de Rompamos el Silencio, la portavoz señaló que “El RES asume como propias las acciones llevadas a cabo durante esta semana como acciones legítimas de desobediencia civil”. El RES, por tanto, no escapó de la responsabilidad de sus acciones.  Todo lo contrario: defendió la  “legítima desobediencia” con el objetivo de que sus acciones se enmarquen dentro de los marcos de la acción social y  las reformas de la polis.

Legalidad y legitimidad

Explica Ramón Cotarelo en su libro Resistencia y desobediencia civil* que los gobernados tienen el poder legítimo de decirle a sus gobernantes aquellas acciones con las que no están de acuerdo o que desean cambiar, “aun cuando esto suponga una colisión con ciertas leyes”. Y añade Emilio Alvarado Pérez en su  Diccionario crítico de términos sociales, “con ella no se pretende transformar enteramente el orden político ni socavar sus cimientos, sino promover la modificación de aquellos aspectos de la legislación que entorpecen el desarrollo de grupos sociales marginados o lesionados o, en su caso, de toda la sociedad”.
Es casi un problema de etimología: la legalidad y la legitimidad proceden de la misma raíz latina, lex-legis. Mientras el primer término, legalidad, remite a un conjunto de normas o principios que regulan la sociedad y sus instituciones, la legitimidad habla de la necesidad de que los principios sociales estén asumidos, aceptados y recogidos en las prácticas diarias, en la vida social. De nada sirve una ley que se incumple sistemáticamente, (papel mojado), y de nada sirve una ley que, aunque se cumple por imperativo legal, ha dejado de ser aceptada o legitimada socialmente. En la reciente polémica sobre la nueva asignatura Educación para la Ciudadanía, la Iglesia y otros actores políticos defendían su derecho a la objeción de conciencia para no impartirla, con lo que estaban llevando a cabo un acto, consciente o inconscientemente, de desobediencia civil; de la misma manera, la baronesa Thyssen amenazó con la desobediencia civil cuando proclamó que la arboleda del Prado no debía ser talada y que “si era necesario, me encadenaré a los árboles”. La desobediencia civil, en definitiva, es una práctica que utilizan todo tipo de instituciones cuando confluyen ciertos intereses. La cuestión más incómoda o más peligrosa para el Estado surge, sin embargo, cuando la desobediencia civil se practica por los movimientos sociales, por redes de ciudadanos y de colectivos que tienen un proyecto de transformación social que choca con principios de legalidad de gran peso político o social.
De las acciones que llevó a cabo el RES durante la VI Semana de Lucha Social, aquéllas que recibieron mayor atención mediática fueron el Eje de Okupación, el Eje de Vivienda y el Eje de Globalización. Sin embargo,  los medios tacharon de forma generalizada a los activistas o participantes del RES como “okupas” o “antisistema”. El titular del ABC del pasado 3 de julio reflejaba esas rutinas de trabajo: “Okupas de un grupo antisistema toman la Empresa Municipal de Vivienda”. Pese a que las acciones eran pacíficas y llamaban la atención sobre problemas sociales extendidos en la sociedad (la dificultad del acceso a la vivienda por su alto precio, por ejemplo), los medios de comunicación tendían a criminalizar y a dibujar la identidad de los participantes como grupos marginales. La desobediencia civil se tacha de irresponsable o de delictiva y se transforma, en manos de los medios convencionales, en alarma social o en mera caricatura. El periódico La Razón titula una noticia sobre el RES el 3 de julio: “Okupas: 1. Delegación del Gobierno: 0”.

El ejemplo de los insumisos

Y, pese a todo, la fuerza de los hechos nos indica que el éxito de los objetivos de los movimientos sociales pasa necesariamente por la desobediencia civil no violenta. Recordemos el movimiento social de la insumisión:  durante treinta años, colectivos como el MOC (Movimiento de Objeción de Conciencia) ejercieron una presión social tan fuerte que el número de objetores superó al número de candidatos a hacer la mili, impulsaron la abolición  del servicio militar obligatorio (acordada por el PP y CIU en 1998) y lograron la deslegitimación social del servicio militar, hasta el punto de que durante años el ejército español, ya profesionalizado, tuvo dificultades para llenar el cupo de plazas anuales. El libro que editó en el 2002 la editorial Traficantes de Sueños y el MOC para repasar esos treinta años de lucha social lleva por título precisamente En legítima desobediencia. Tres décadas de objeción, insumisión y antimilitarismo**.
El movimiento de insumisión practicó de forma muy inteligente y efectiva la desobediencia civil no violenta. Aunque no se consiguió la despenalización de la insumisión (el PP se opuso a ello en el 2001), todos los presos por cargos de insumisión (cerca de cuatro mil, según datos del MOC) fueron eximidos de penas y de causas pendientes. Y lo que es más importante: las altísimas tasas de objetores y de insumisos en España pesaron en la supresión del servicio militar obligatorio, tal como reconoció el Ministro de Defensa en varias entrevistas a ABC y el El País en diciembre de 1996.
 El movimiento antimilitarista en España sigue sus acciones, de todos modos, y continúa su trabajo sobre el objetivo marcado desde un principio: la presión social para conseguir la abolición total de los ejércitos mediante acciones de desobediencia civil no violenta como la campaña contra impuestos para el ejército o las manifestaciones en contra de la OTAN o de las bases militares tuteladas por EEUU existentes en España. Por otro lado, los grupos antimilitaristas en España destacaron por su activismo durante las diversas acciones contra la Guerra de Iraq de 2003.

Desobediencia legítima: el caso del 13-M

La desobediencia civil no violenta impregna casi todos los movimientos sociales, y si hay grupos y colectivos que hacen uso de ella puntualmente, otros grupos se definen sólo por su utilización, personas que, en ocasiones sobre todo de crisis social o política, entran y salen de acciones marcadas por la desobediencia civil no violenta para sacar a la luz una situación de ilegitimidad de las instituciones. Los gobernados no dudan en usar la desobediencia civil no violenta (y en entrar temporalmente en un marco colectivo de acción) para recordar a los gobernantes algunas de sus compromisos básicos con la opinión pública, como es escuchar las exigencias de la ciudadanía, buscar soluciones y ponerlas en marcha. Fue el caso del 13-M. Un grupo de ciudadanos, entre 5.000 y 10.000, se reunieron el 13 de marzo de 2003 frente a la sede del PP en Madrid, en la calle Génova, para exigir la verdad al Gobierno antes de la jornada electoral. Se incurrió, por tanto, en un acto de desobediencia civil, tal como recoge el artículo 53 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que prohíbe actos de propaganda durante la jornada de reflexión. Pero la necesidad de denunciar una situación ilegítima impulsó a las redes de activistas a quebrantar dicha norma: la línea de investigación dirigida por el Gobierno del PP, que apuntó desde el 11 de marzo a ETA, chocó violentamente contra la información procedente de otros medios, sobre todo extranjeros, lo que hizo estallar los canales convencionales de representación y llevó a una multitud de ciudadanos (primero online, y después de forma física) a manifestarse.
Víctor Sampedro ha coordinado un libro titulado 13-M. Multitudes online***, que estudia con grupos de discusión, con datos de diversos medios (convencionales y alternativos o de contrainformación) y a partir de las teorías del agenda setting y de la mentira prudente, cómo un grupo de ciudadanos “lograron colapsar” la esfera pública convencional y accionaron un dispositivo de desobediencia civil que consiguió voltear la agenda mediática y política.
Las manifestaciones del 13-M carecían de apoyos partidistas y fueron la respuesta física del núcleo activista a la gestión de la crisis del 11-M y a sus intentos de manipulación. Como escribe Víctor Sampedro, “frente a la obediencia debida de los gestores de la esfera pública, la ciudadanía actuó en legítima desobediencia”. Según los datos del libro, los jóvenes, los ciudadanos y los manifestantes del 13-M recorrieron un proceso que culminó en las concentraciones frente a las sedes del PP (en toda España), pero que comenzó con una información que chocaba con la oficial y con la facilitada por los medios convencionales; continuó con la diseminación de opiniones opuestas a la línea del Gobierno, que rompieron la espiral de mentiras (el gran grito del 13-M y de voces aisladas en la manifestación multitudinaria del 12-M fue “Queremos la verdad”); y, por último, y mediante las redes telemáticas del SMS y de nodos de Internet, se llegó a las movilizaciones. No fueron concentraciones espontáneas, sino un proceso de desobediencia gestado durante días que estalló ante la falta de transparencia de los gestores políticos.
De nuevo, aunque las redes desobedientes del 13-M estaban compuestas de gentes diversas, desde activistas hasta ciudadanos hartos de mentiras durante aquella semana, la desobediencia civil quiso ser tachada de irresponsable y de marginal. Por un lado, los medios convencionales se hicieron eco de las concentraciones, pero infravaloraron su representatividad y su legitimación social: los editoriales de El País y de El Mundo del 14 de marzo, por ejemplo, acusan a los manifestantes de intentar coaccionar a la opinión pública y de saltarse la normativa electoral. El editorial de El País señaló que “era criticable que la [jornada de] reflexión cediera ayer el protagonismo a las manifestaciones ante las sedes del Partido Popular”. Por su parte, los dos grandes partidos políticos nacionales intentaron manipular la manifestación y sacar réditos políticos: el candidato del PP, Mariano Rajoy, compareció en directo en la jornada de reflexión (¿no es esto una ilegalidad?) para pedir que las manifestaciones frente a sus sedes se disolvieran, y amenazó al PSOE de haberlas convocado; por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba, portavoz del PSOE, negó cualquier tipo de vinculación del PSOE con las manifestaciones y acusó al Gobierno de mentir. Ningún medio español informó de las acciones que tuvieron lugar durante toda la noche del 13-M, ya en la madrugada del 14, cuando miles de manifestantes se autoconvocaron, a golpe de SMS, carteles y caceroladas frente a la Puerta del Sol, luego frente al Congreso de los Diputados y, por último, en la Estación de Atocha. Muchas de las imágenes de aquella noche fueron calladas y silenciadas en los medios españoles, y han salido a la luz pública en documentales como Cuando la calle habló (una producción de La Sexta) gracias al trabajo de periodistas extranjeros y a aficionados que grabaron con sus cámaras el tránsito de las multitudes. Por su parte, El PSOE tampoco alabó las acciones de la sociedad civil durante aquella jornada, y ha evitado pronunciarse sobre la legitimidad de las manifestaciones del 13-M.

La lupa de los medios

Así pues, aunque la práctica de la desobediencia civil no violenta se encuentre cada vez más extendida entre diversos sectores de la sociedad civil, su efectividad requiere una cobertura mediática responsable y unos actores políticos sensibles a las reivindicaciones de su ciudadanía, tal como deja ver el desencanto que produce comprobar cómo se ha negado el valor simbólico y cívico del 13-M. El caso último lo encontramos en la cobertura mediática de las acciones de Rompamos el Silencio, efectuadas con el fin de llamar la atención sobre “problemas sociales que suelen permanecer ocultos”. El éxito de las acciones fue desigual, según declaraciones de sus propios portavoces, y si los actos de desobediencia civil del Eje de Vivienda o del Eje de Okupación tuvieron un eco importante en los medios convencionales, otros no tuvieron ninguna repercusión mediática o política.
Frente a la indiferencia o la marginación informativa de sus acciones, el respeto que ha mantenido el RES por la herramienta de la desobediencia civil no violenta ha sido paradigmático. No ha habido nunca enfrentamientos con la policía, y el único día que hubo detenidos (dos personas en la jornada del Eje de Antiglobalización) fue por motivos ajenos a la acción programada. Durante la acción del Eje de Vivienda, la propia policía colaboró para que dos portavoces hablaran con el coordinador de vivienda de la EMV de Madrid, Juan José de Gracia, y después de la charla los manifestantes abandonaron, sin altercado alguno, el edificio. Los actos cumplen tan a rajatabla el atributo de “no violentos” que participantes del Eje de Antifascismo y Memoria Histórica avisaron a los trabajadores de Prosegur del local cuyo escaparate iba a ser pintado de que la acción sería pacífica y duraría pocos minutos. Por último, hasta la acción de Cultura Libre y Alternativa, que consistió en desfilar precedidos por una batucada y una pancarta por la calle Carretas y la calle Preciados el 4 de julio, tuvo lugar a partir de la nueve de la noche, cuando todo el comercio estaba cerrado.
Si las acciones tienen este cariz cívico, no violento, ¿por qué sin embargo los medios convencionales se empeñaron en seguir dibujando a los participantes del RES como okupas peligrosos y antisistema? La agencia de noticias Europa Press publicaba el siguiente titular acerca de la noticia sobre los detenidos por la acción antiglobalización “Detenidos dos okupas por enfrentarse a la autoridad en una protesta antiglobalización”. Y ésa ha sido una de las líneas generales de la cobertura mediática sobre el RES: convertir en okupas o en antisistema a cualquier participante en las acciones, como si entrar o reunirse en un edifico okupado para actividades sociales le convertiera a uno inmediatamente en okupa. Como explica Richard, uno de los portavoces del RES: “Muchos medios dan la imagen del okupa del joven marginal, de los cuatro chavales que se juntan y se aíslan. Y el reto está en comunicar que este movimiento es mucho más amplio, fuera de los signos de identidad que nos quieren colgar”.
 El otro adjetivo más generalizado, el de antisistema, está aún más vacío: antisistema, ¿por qué? ¿no defienden nada, sólo atacan al sistema? Esa reducción al vacío semántico y a la caricatura de la acción social que realizan los medios convencionales (bien por obedecer las rutinas periodísticas habituales, bien por falta de conocimientos sobre los grupos de los que informan) daña enormemente la imagen y el capital simbólico de los movimientos sociales, y criminalizan, de forma indirecta, la estrategia de la desobediencia civil no violenta. Según Sara López, en respuesta a un periodista del periódico Diagonal, “sigue pesando la imagen de ‘okupas’ o ‘antisistema’ que quieren trasladar los medios de nosotros, pero este año, a diferencia del anterior, nuestra imagen ha ido más allá de la okupación”.
Cualquier régimen democrático que se precie de serlo permite la desobediencia civil no violenta (o deja un amplio margen para su práctica), y habla de ella como si fuera un termómetro para medir la autonomía de la sociedad civil, su civismo o sus herramientas de demanda social. Sin embargo, en el caso de España, la debilidad de ciertas instituciones (como los sindicatos laborales más reivindicativos), y la marginación de los canales informativos del tejido social más activista, obliga a los movimientos sociales a legitimarse continuamente frente a los medios convencionales de información.  Los medios de masas (en su papel de guardianes del orden, pero también de alarmistas ante los colectivos sociales)  terminan cooptando los mensajes políticos de los movimientos sociales y hacen una selección de las acciones, normalmente las más sensacionalistas o provocadoras. El resultado es que la percepción de los movimientos sociales sigue siendo muy negativa y reduccionista,  desprestigiados  en su función de sujetos de cambio social. Y una sociedad civil que arrincona reiteradamente las exigencias de ciudadanos más exigentes, no deja espacio a nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas demandas para la polis, y se hace cada vez más dura de oídos y menos sensible a los cambios, incluso cuando son tan viejos y tan comunes como tomar un terreno baldío, un solar pongamos por caso, para que la gente tenga un espacio para ver películas o sentarse a charlar sobre lo que le gustaría cambiar de su ciudad.

* Resistencia y desobediencia civil, Ramón García Cotarelo, Editorial Eudema, Madrid, 1987.

** En legítima desobediencia, MOC, Editorial Traficantes de Sueños, Madrid, 2002.