Bajo el ruido y las multitudes en tránsito, late lo indecible, el pacto nunca hecho público, los acuerdos de silencio. Los dos grandes partidos políticos españoles, PP y PSOE, que juegan al bipartidismo y sobre él se refuerzan, dirigen su atención al 27 de mayo, fecha de las próximas elecciones municipales y autonómicas en el Estado español. El juego sucio y las estrategias moralistas siguen prosperando en la arena política nacional, y la fractura partidista quiere fabricar una fractura social. A Mariano Rajoy, líder del PP, le preguntaron en el programa de televisión Tengo una pregunta para usted si su partido estaba favoreciendo la crispación social. Su respuesta fue sorprendente: "Viajo por España y veo que no existe tal crispación social, que la gente es cordial. Creo que es sobre todo una crispación mediática". Vamos a ver: ¿es que los políticos no utilizan las sinergias de ciertos medios para tensar y violentar la lucha política? ¿quieren los políticos, de repente, desentenderse de los efectos de su estrategia, la crispación social, como si no les concerniera? La otra interpretación que puede hacerse de las palabras de Rajoy es aún peor: que son los medios y los sondeos los que deciden, que el poder político va a la zaga de la agenda mediática y sus extremos insospechados, que la crispación mediática es imparable desde el poder político. Si algo falla, los medios guardan un as en la manga, los sondeos y encuestas de opinión, como sucedió con los datos de opinión sobre el caso de De Juana Chaos.

El peligro de la sondeocracia, como hemos dicho en otras ocasiones, no es sólo el riesgo de manipulación informativa; es que la supuesta "opinión pública" sobre un tema se convierta en la coartada perfecta para justificar acciones muy populares, pese a que puedan ser contrarias al Derecho o a la justicia social. Mientras tanto, acciones o proyectos que conoce poco o mal la opinión pública son soterrados, hurtados del debate público o, sencillamente, ignorados. Una sociedad democrática se caracteriza por una transparencia y una vigilancia de sus instituciones por parte de los ciudadanos, que son, al fin y al cabo, quienes las utilizan y les dan sentido. Esconder temas de debate político fundamentales para la opinión pública no es sólo infantilizarla y tomarla en escasa consideración; se propicia, sutilmente, el levantamiento de un muro en torno a ciertos temas políticos. Hace poco Gabriel Tortella escribía sobre el deterioro de las instituciones en un artículo que titulaba  ¿Demasiada democracia?. Aunque acertaba en algunos de los males endémicos de las democracias liberales, olvidaba preguntarse si las instituciones vigentes han ofrecido herramientas a la sociedad civil para que la democracia pase de un término connotado a una práctica deliberativa y social. Si hemos quitado a los ciudadanos cualquier espacio, físico y discursivo, para que tomen la palabra y la participación, ¿por qué fingimos sorpresa por la pasividad con que una amplia mayoría de ciudadanos se toman la política institucional? La ínfima tasa del electorado que votó en España en el referéndum de la Constitución Europea no es la excepción, sino la regla: el votante se vuelve pasivo y confuso en sus elecciones, porque el sistema político favorece esa misma pasividad y confusión ideológica.

Es el caso, por ejemplo, de las listas electorales cerradas. Aunque mi conocimiento en sistemas electorales, nacionales o foráneos, es mínimo, creo que sería lógico que el debate sobre la calidad del que existe en España se produjera, y habláramos de otros modelos, como el inglés, que poseen listas electorales abiertas, lo que impulsa que los políticos que se presentan por su distrito expliquen abiertamente qué propuestas y qué políticas quieren impulsar. Las listas electorales abiertas constituyen también un estupendo recurso para politizar (en su sentido etimológico de construcción de la polis) los distritos, para que los candidatos de cada partido luchen por difundir sus ideas, más allá del programa electoral cerrado de cada partido. El anonimato y la seguridad que procura el sistema  fuertemente jerarquizado de las listas electorales cerradas provoca disfunciones notables, como que candidatos valiosos estén al final de una lista electoral, y otros, más afines a los líderes, la encabecen. Por otra parte, ¿para qué molestarse en conocer a los candidatos de un partido si yo, como votante, no los puedo elegir? Me vienen dados de antemano, en papel pautado.

Quizá, como decíamos al principio, aquellos temas que no interesan a los dos grandes partidos nacionales no existen, se borran del debate público porque no valen como arma arrojadiza, o porque no son motivo de disputa entre las élites políticas y económicas. Y está claro que el sistema electoral español no parece que vaya a entrar a corto plazo en la esfera pública. Aquí, de nuevo, habría que reivindicar la independencia de los medios y su poder a la hora de alterar la agenda política, como se ha demostrado en tantas ocasiones. Pero, para ello hace falta algo tan básico como que los medios de comunicación españoles sirvan para exigir la transparencia y la regulación a todas las instituciones, incluidos ellos mismos, incluidos los propios medios de comunicación. Y no encontramos pruebas de que suceda, visto, por ejemplo, el perfil de la nueva televisión pública y la rentabilidad económica que se quiere dar a La 2, la última cadena pública de contenidos minoritarios. Creo entender ahora, con pruebas y hechos, por qué Luis Fernández, el nuevo director de RTVE, fue consensuado en el Parlamento...